Cuál es el futuro de las pensiones

La reciente reforma de las pensiones en 2013 introdujo cambios paramétricos, que se están implementando gradualmente hasta 2027, buscando reforzar la sostenibilidad del sistema ante los importantes retos, principalmente demográficos, a los que ha de enfrentarse. No está sola España en esta batalla, pues es un denominador común a los países desarrollados, que ven envejecer su población sin que haya un relevo generacional claro debido a la baja natalidad. En este artículo te contamos en detalle cómo será el futuro de las pensiones en España y cuáles han sido las principales medidas adoptadas en la reforma de 2013.

El sistema de pensiones español se basa en el principio de reparto, ya que las pensiones de los jubilados se sustentan con las aportaciones de las empresas y de los trabajadores en activo a la Seguridad Social. No se ha de caer en la confusión de creer que el sistema ahorra estas aportaciones para pagar la pensión de los futuros pensionistas: la realidad es que el Estado utiliza las cantidades aportadas por los trabajadores en activo para pagar la pensión de los trabajadores jubilados en ese momento. Siguiendo esta misma lógica, serán los trabajadores futuros los que paguen la pensión de quien hoy cotiza y trabaja.

Además, de acuerdo con el principio de proporcionalidad contributiva sobre el que también se basa el sistema de pensiones español, la cuantía a recibir en la futura pensión vendrá dada por la cuantía de las aportaciones realizadas a la Seguridad Social (desde 2027 se computarán las de los últimos 25 años) y el periodo de tiempo total que se haya contribuido al sistema.

Tal y como se acaba de exponer, serán los futuros trabajadores quienes paguen las pensiones de los trabajadores que se retiren en un futuro. Esta premisa no augura un buen futuro, ya que se espera que la proporción entre trabajadores en activo y pensionistas tienda a desequilibrarse a favor de estos últimos a medida que pasen los años. A mediados de siglo se estima que haya en España más de 15 millones de personas mayores de 65 años, frente a los poco más de 9 millones que hay ahora. Las causas que han generado y continúan contribuyendo a esta situación se pueden atribuir a dos importantes factores demográficos:

• Por un lado, la esperanza de vida de la población es cada vez más larga, lo que aumenta el número de pensionistas y hace que el gasto para el Estado sea cada vez mayor.
• Por otro lado, la tasa de natalidad no hace sino decrecer y al cierre del año pasado se registró el índice más bajo de los últimos cuarenta años: es evidente que el número de trabajadores en activo que soportan el sistema disminuirá en los próximos años.

Con el fin de poner solución a una situación que solo parece poder empeorar, el Gobierno aprobó en 2013 una reforma de las pensiones que incluía el polémico factor de sostenibilidad. En un principio, este factor iba a entrar en vigor en 2019, pero tras la aprobación en julio de 2018 de los Presupuestos Generales del Estado, su entrada en vigor se ha retrasado hasta una fecha “no posterior a 1 de enero de 2019”.

El factor de sostenibilidad busca adecuar la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida con una sencilla lógica: si un jubilado va a vivir más años (la esperanza de vida es creciente), deberá percibir una cuantía mensual menor para que el monto total de su pensión sea ajustado al nivel de contribuciones que ha realizado y sea equivalente al de un trabajador que ha cotizado de igual manera al sistema pero se ha jubilado en un momento a que se le atribuye una esperanza de vida menor. Otros países de nuestro entorno ya incluyen un factor de sostenibilidad equivalente en el cálculo de sus pensiones.

Otra de las variables que introdujo la reforma de 2013 es el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que lo que hace es vincular la subida anual de las pensiones a la salud de las cuentas de la Seguridad Social, fijando un suelo (0,25%) y un techo (IPC + 0,50%).

Sin embargo, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, este índice ha quedado en suspenso, y para 2018 y 2019 se ha aplicado una revalorización en línea con el IPC, del 1,6%, pese a las advertencias de diversos organismos que sostienen que aplicar esa fórmula puede incrementar el déficit a medio y largo plazo. Queda por resolver cómo se revalorizarán las pensiones en 2020 y años sucesivos, aunque todo parece indicar que el IRP ha quedado definitivamente aparcado.