Sin duda, el dato es revelador: en torno a 150.000 millones de euros. Expresado de un modo más gráfico, cerca del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) español de 2019. Es el volumen de ayudas procedentes de fondos europeos que, a priori (las autoridades comunitarias aún deben dar su visto bueno al Plan que presente el Ejecutivo), España podría recibir para financiar de esta manera un impulso de la economía que permita al país recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia del virus de la COVID-19 y así poder dejar por fin atrás las dramáticas consecuencias socioeconómicas que la crisis sanitaria está provocando en la ciudadanía.
Desde hace meses, y en sucesivas olas, el virus de la COVID-19 ha disparado el número de contagios y decesos, llegando por momentos a tensionar la capacidad de reacción de los sistemas sanitarios del mundo entero. En muchas regiones, como por ejemplo ha sucedido en España y el resto de Europa, con el objetivo de reducir al mínimo posible la propagación de la pandemia, se han dictado medidas de contención que, durante semanas y en ocasiones meses completos, han limitado la actividad productiva (con cierre de comercios e industrias), la movilidad geográfica e incluso han confinado a la población en sus hogares.
A causa de estas restricciones, el panorama económico internacional se halla ahora en una situación crítica y sin apenas precedentes, ya que los distintos sectores se han visto seriamente afectados por la pandemia, lo que se ha traducido en una abrupta caída del consumo y un rápido crecimiento de la tasa de personas desempleadas.
Descubre los fondos 'Next Generation EU'
El impulso de la economía en la Eurozona, un desafío histórico
Preocupada ante el incierto escenario actual, la Unión Europea (UE) ha optado por ofrecer una respuesta contundente, histórica: emitir deuda colectiva por primera vez y, a través de ella, financiar la inyección de un total de 1,8 billones de euros en la zona euro durante los próximos seis años. De esta elevadísima dotación económica, 750.000 millones de euros se gestionarán mediante lo que ha venido a conocerse como los fondos ‘Next Generation EU’, un instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación de los sistemas económicos de la región.
Por un lado, algo más de la mitad de los 750.000 millones de euros que compondrán los fondos ‘Next Generation EU’, es decir, 390.000 millones de euros tomarán la forma de subvenciones no reembolsable. Por otro, los 360.000 millones de euros restantes se tramitarán como préstamos. Además, el acuerdo alcanzado entre los dirigentes europeos subraya que los países que más han sufrido las secuelas de la pandemia serán los que cuenten con un mayor suministro de ayudas comunitarias.
Así pues, se estima que España se convertirá en el estado miembro más beneficiados por el reparto de los fondos de recuperación de la UE. No obstante, para que España pueda acceder a los 150.000 millones de euros previamente aludidos, y poner con ello en marcha ese impulso a la economía del que hemos hablado previamente, la Comisión Europea (CE) debe mostrar su conformidad con la propuesta de empleo de estos fondos que el Gobierno de España envíe a las autoridades de Bruselas. Si se cumplen los plazos calendarizados, julio podría ser el mes en que la CE notificase su veredicto acerca del Plan.
Sobre el impulso de la economía española: ¿qué es el Plan España Puede?
El Plan España Puede establece las líneas maestras del futuro Plan de España y está alineado con las recomendaciones de la Unión Europea para la transformación de España. Se presentó en rueda de prensa el 7 de octubre de 2020. Dicha propuesta ha sido bautizada como borrador del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España o, de manera sintetizada, Plan España Puede. A través de este borrador, el Gobierno ha pedido a la CE que le conceda los 81.000 millones de euros que habría disponibles para España en concepto de ayudas directas.
Asimismo, con el propósito de agilizar y, a la vez, maximizar el impacto que estas subvenciones tengan en la reconstrucción del país, y en el impulso de su economía (entre otros aspectos), tras la pandemia del virus de la COVID-19, la propuesta del Ejecutivo español condensa la recepción de la mayoría de las subvenciones en el curso presente y los dos siguientes (o, lo que es lo mismo, en el período que va de 2021 a 2023). De hecho, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) consolidados para este año poseen una partida de 26.634 millones de euros que anticipa las ayudas comunitarias (24.200 millones de euros para el Fondo de Recuperación y Resiliencia y 2.400 millones de euros para el React EU). Y es que, si Bruselas da luz verde al documento final que se presente desde Madrid, se calcula que los primeros millones de los fondos ‘Next Generation EU’ puedan aterrizar en España a lo largo del verano de 2021.
De cara a una distribución optimizada de los fondos, el Plan España Puede se vale de tres factores nucleares:
- La puesta en marcha de una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia que se ocupe de vertebrar el sistema de gobernanza y, por tanto, seleccione, evalúe, coordine y asegure el cumplimiento de objetivos de los diferentes proyectos que obtengan financiación comunitaria. Dicha comisión contará con la participación del presidente del Gobierno y de los titulares de los ministerios más vinculados a la distribución de las ayudas europeas. Un comité técnico y la Conferencia Sectorial asistirán a la comisión en sus tareas, para que el reparto de los fondos sea eficiente.
- Tanto a nivel nacional como a escala autonómica, el diseño de una planificación detallada que facilite la celeridad en la adjudicación, de cara a lograr que, desde ahora hasta 2023, el mayor volumen de fondos europeos posible desembarque en los proyectos designados por las administraciones españolas para ser receptores de estas ayudas.
- La implantación de 10 políticas palanca (redactadas a partir del conjunto de recomendaciones formuladas para España por el Consejo Europeo en 2019 y 2020) que perfilen las líneas directrices a partir de las que poder alcanzar cuanto antes la tan anhelada recuperación socioeconómica.
¿Cuáles son las 10 políticas palanca del Plan “España Puede”, la gran apuesta para lograr el impulso de la economía española tras la pandemia?
Transición ecológica (vía fuentes de energía limpias, movilidad sostenible, reducción de la huella de carbono, economía circular…), transformación digital (redes ‘5G’, Internet de las cosas, comercio electrónico…), igualdad de género y cohesión social y territorial son los 4 ejes transversales a los que la UE ha ligado la distribución de los fondos de recuperación post-COVID-19.
El decálogo de recomendaciones y reformas que, tanto en 2020 como ya durante el curso anterior, el Consejo Europeo viene reclamando al Gobierno de España ha resultado clave para determinar las 10 políticas palanca que sostendrán el Plan España Puede. A continuación, aparecen recogidas cada una de dichas políticas, las cuales buscan garantizar un crecimiento económico que aúne los atributos de ser digital, sin brechas de género, cohesionado y ‘verde’:
- Contribuir a la creación de empleo, la digitalización del sistema educativo y la formación continua y el desarrollo de capacidades (17.1 % de los fondos).
- Emprender una digitalización de las grandes empresas y pymes (en coordinación con la Política Industrial España 2030), apostar por la ciberseguridad y fomentar las nuevas redes ‘5G’ de conectividad (17,1 %).
- Reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS), apoyando la sanidad pública (16,5 %).
- Combatir la despoblación gracias a una agenda rural y urbana (16 %).
- Preservar el entorno natural, promover la movilidad sostenible y las infraestructuras y los ecosistemas resilientes (12,2%).
- Migrar hacia un modelo energético más justo que sustituya las fuentes de energía perjudiciales para el medio ambiente, como los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), por otras renovables (8,9 %).
- Favorecer una estrategia nacional de Inteligencia Artificial (IA), así como proteger la investigación e innovación (5,7 %).
- Priorizar la modernización de las administraciones públicas (5 %).
- Promocionar la cultura y el deporte (1 %).
- Proceder a la actualización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y respetuoso con la ecología.
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